Nadie escribió la ley de la protesta en siete años. Por eso ahora basta un decreto

La Corte Constitucional dijo en 2017 que la protesta solo se regula con ley estatutaria, y le dio al Congreso hasta junio de 2019 para escribirla. El Congreso no la escribió. Siete años después, lo que va a mandar en la calle el miércoles no es una ley. Es un decreto que el viernes todavía no tenía firma.

Lo que pasó

El ministro del Interior, Rodrigo Lara, dijo el 8 de octubre que el decreto de la protesta ya estaba listo y que al otro día pasaba a firma de Abelardo De La Espriella. Modifica el Decreto 003 de 2021. Fija cinco niveles de reacción, pone por escrito qué cuenta como violento —agredir, portar armas, retener gente, taponarle el paso a una ambulancia— y dice que el trancón y la incomodidad no son eso. Deja los corredores solidarios como regla que no se negocia.

El miércoles 14 marcha en Bogotá la gente que encabeza Gustavo Petro. Él pidió que sea multitudinaria y "completamente pacífica".

Esa semana el Congreso está amarrado. El martes 13 las plenarias arrancan con los $634,9 billones del presupuesto de 2027 y tienen hasta la medianoche del 20. Si no lo votan, el Gobierno lo saca por decreto.

La señal real

En 2017 la Corte tumbó los artículos 47 a 75 del Código de Policía, el título entero del derecho de reunión, porque fijarle límites a la protesta exige ley estatutaria. No ley ordinaria, y mucho menos un decreto. Les aplazó los efectos hasta el 20 de junio de 2019 para que el Congreso escribiera esa ley. En 2020 la Corte Suprema le ordenó lo mismo. Van 2.670 días desde que se venció el plazo y el renglón sigue en blanco. Hubo intentos: un proyecto del senador Juan Diego Gómez se archivó sin ponencia, y el que radicó en julio de 2020 se quedó esperando ponente en la Comisión Primera del Senado.

El hueco no lo abrió este Gobierno. Lo abrió el Congreso. Lo llena el que firma decretos.

Ahora el hecho que juega en contra, y pesa harto.

Ese decreto existe porque un juez lo mandó. El Decreto 003 de 2021 salió de la orden quinta de la Corte Suprema del 22 de septiembre de 2020, cuando tumbó la forma en que el Estado trató el paro de 2019. Este Gobierno no se inventó la norma: le está moviendo las piezas a una que está obligado a mantener. Y esta vez hizo lo que en 2021 le reclamaron a Iván Duque cuando quiso lo mismo. Publicó borrador, recibió comentarios y se sentó con las organizaciones y con los que pusieron la tutela. Un decreto, además, se demanda ante el Consejo de Estado desde el primer día.

Por qué importa

Concedido todo eso, queda el orden en que llega el control.

Mire cómo partieron el estatuto antiterrorista. Van dos proyectos al mismo tiempo. Lo que toca derechos va por estatutaria, o sea mayoría absoluta, una sola legislatura y revisión de la Corte antes de regir. El resto va por ley ordinaria, y El Tiempo lo dice sin anestesia: así esos artículos empiezan a regir sin esperar a la Corte. La misma nota recuerda que la Corte se demora años en las estatutarias.

El decreto no quedó en ninguna de las dos mitades. Rige desde que lo firmen, manda en la marcha del miércoles, y si alguien lo demanda la respuesta llega cuando la marcha ya pasó. A una mitad el control le llega antes. Al decreto le llega después.

Y no está solo. Este domingo el Ministerio de Ambiente radicó otro borrador de decreto para evaluar licencias ambientales en paralelo con la consulta previa, sin esperar a que termine.

El cierre

La protesta en Colombia no se rige por una ley porque nadie la escribió en siete años. Mientras ese renglón siga vacío, quien decide qué puede hacer la Policía un miércoles de marcha no es el Congreso. Es el que tenga el lapicero.

Fuentes: Anuncio del ministro del Interior Rodrigo Lara de que el decreto pasaba a firma presidencial, contenido del decreto —cinco niveles de reacción, definición de conductas violentas, corredores solidarios como regla no negociable, intervención de la Undmo como último nivel—: Semana (8 de octubre de 2026), El Colombiano, El Tiempo, Asuntos Legales e Infobae (8 y 9 de octubre de 2026). Las ocho causales para dar el diálogo por agotado aparecen en una sola fuente, Infobae, y por eso no van en el titular ni en las piezas. Marcha del 14 de octubre en Bogotá, asistencia de Gustavo Petro y su llamado a que sea "completamente pacífica": El Colombiano y Semana. Presupuesto de $634,9 billones, plenarias del 13 al 15 de octubre y plazo de la medianoche del 20 de octubre: El Nuevo Siglo, Infobae y La República. Inexequibilidad de los artículos 47 a 75 de la Ley 1801 de 2016 —Título VI, "Del derecho de reunión"— por violar la reserva de ley estatutaria del artículo 152 literal a) de la Constitución, con efectos diferidos hasta el 20 de junio de 2019: Corte Constitucional, Sentencia C-223 de 2017, Comunicado No. 21 del 20 de abril de 2017. Orden quinta de la Corte Suprema de Justicia en la STC 7641 de 2020 (22 de septiembre de 2020), que originó el Decreto 003 de 2021, y la orden al Congreso de expedir una ley estatutaria sobre protesta pacífica: El Espectador / Razón Pública y El Nuevo Siglo. Proyectos de ley del senador Juan Diego Gómez —el de enero de 2020, archivado sin ponencia, y el Proyecto de ley 60 de 2020 Senado, radicado el 20 de julio y a la espera de ponente en la Comisión Primera—: El Nuevo Siglo, 25 de septiembre de 2020. Reclamos de 2021 contra la modificación del Decreto 003 por decreto, firmados por doce organizaciones entre ellas Dejusticia, la Comisión Colombiana de Juristas, el CAJAR y la FLIP: Dejusticia y Comisión Colombiana de Juristas, 22 de junio de 2021. División del estatuto antiterrorista en un proyecto de ley estatutaria —mayoría absoluta, una legislatura y revisión automática de la Corte— y uno ordinario que entra a regir sin esperar ese control, trámite en Comisiones Primeras y ley de sometimiento aparte a cargo del Ministerio de Justicia: El Tiempo, 6 y 7 de octubre de 2026, e Infobae. Borrador de decreto del Ministerio de Ambiente para evaluar licencias ambientales en paralelo con la consulta previa: La Silla Vacía, 11 de octubre de 2026. Es cálculo de 4°RADAR el dato de los 2.670 días, contados entre el 20 de junio de 2019 y el 11 de octubre de 2026. Advertencia de método: al cierre de esta edición ninguna fuente confirma que el decreto ya esté firmado —Semana del 8 de octubre dice que solo falta la firma— y no se ha publicado su número. El titular de Infobae fecha la firma el "viernes 11 de octubre", fecha que cae domingo; las demás fuentes apuntan al viernes 9.