El recorte a la JEP creció 70%. Ocho de cada diez pesos salieron de inversión

El 21 de septiembre escribimos acá que el recorte a la JEP, medido en pesos, no era asfixia: una caída nominal de 3,1% frente a 2026. Esa cuenta se hizo con $100.000 millones. El miércoles el Congreso aprobó $170.000 millones. La caída ya no es 3,1%. Es 12,5%, y ocho de cada diez pesos salieron de un solo renglón.

Lo que pasó

La proposición de Enrique Gómez, de Salvación Nacional, pedía mover $100.000 millones de la JEP a los jueces ordinarios. Lo que quedó escrito en el articulado es más grande: $170.000 millones, repartidos en $30.000 de funcionamiento y $140.000 de inversión. Los $100.000 millones siguen yendo a la rama judicial; el resto se reacomoda adentro del presupuesto. Las comisiones económicas de Senado y Cámara lo aprobaron el miércoles 23 dentro de la ponencia mayoritaria, 59 votos contra 19.

Con esa cifra la JEP trabajaría en 2027 con $651.803 millones, contra $744.658 millones este año. Son $92.855 millones menos, un 12,5% de caída nominal, antes de contar inflación —resta de 4°RADAR sobre las cifras del proyecto—.

La señal real

Lo que juega en contra sigue en pie, y hay que decirlo primero. Al sector justicia le faltan $6,1 billones para 2027 según el Consejo Superior de la Judicatura, y la bonificación judicial ya quedó como factor salarial por ley: la plata que se llevan los jueces ordinarios va a una cuenta que existe. Y lo que la JEP ha producido en ocho años tampoco lo inventaron sus enemigos: más de $3 billones gastados, 432 imputaciones y cuatro sentencias. De abrir el caso a la primera imputación pasan 65,5 meses en promedio. Nada de eso cambió esta semana.

Lo que sí cambió es dónde cae el hacha. La JEP traía $647.684 millones de funcionamiento y $174.119 millones de inversión. Le quitaron el 4,6% del primero y el 80,4% del segundo —división de 4°RADAR sobre el desglose del proyecto que publicó El Tiempo, que no encontramos en una segunda fuente—. La nómina que los críticos señalan vive en funcionamiento: la senadora María Clara Posada sacó la cuenta de $40.149 millones en contratistas en seis meses. El recorte pasó de largo por ahí.

Por qué pasa

Porque la inversión es casi lo único que un congresista mueve con una hoja, y eso vale para todo el presupuesto. Pero acá el calendario le pone precio a ese renglón. El Acto Legislativo 01 de 2017 le da a la JEP diez años para acusar, y el Gobierno ubica el cierre de esa ventana en 2028: 2027 es el último año completo para acusar. La inversión es la que paga las audiencias en el territorio, la búsqueda de cuerpos, la seguridad de los testigos y el centro de datos donde se arman los expedientes. Lo que falte en nómina se repone en 2028. La acusación que no se presente, no.

Y el trámite ya cambió de lado. Las 521 proposiciones que Hacienda no avaló se fueron para las plenarias, que arrancan el 1 de octubre. El recorte no está en esa lista: tenía aval y quedó adentro del articulado. Hace una semana la pregunta era si pasaba. Ahora es quién lo saca antes del 20 de octubre, y sacar algo cuesta más votos que dejarlo quieto.

El cierre

El 21 dijimos que la Corte Penal Internacional no se movería por un 3,1%. Sigue siendo lo más probable. Pero el número que va a mirar ya no es ese, y no lo escogió la JEP.

Fuentes: El Tiempo (desglose del PGN 2027 para la JEP y balance de ocho años del tribunal; mecánica del primer debate y las 521 proposiciones); Infobae, Semana y El Colombiano (recorte de $170.000 millones, su composición y el traslado a la rama judicial); El Espectador (acumulado del recorte y reacción de Ramelli); La Silla Vacía (cifras de gestión de la JEP); Consejo Superior de la Judicatura (faltante de $6,1 billones del sector justicia). Los porcentajes de 4,6%, 80,4% y 12,5% y la resta de $92.855 millones son cálculos de 4°RADAR sobre esas cifras. La comparación con 3,1% sale de nuestra pieza del 21 de septiembre.