La descentralización ya está aprobada. Le falta el interruptor, y lo tiene el Gobierno

La reforma que más plata les promete a las regiones desde 1991 está en la Constitución hace veintiún meses. No ha girado un peso adicional, y no por falta de votos. Le falta un interruptor, y el interruptor lo tiene el mismo Gobierno que dice querer encenderlo.

Lo que pasó

El Acto Legislativo 03 de 2024 sube el Sistema General de Participaciones —lo que la Nación gira por fórmula a las regiones— desde cerca del 23,8% de los ingresos corrientes hasta el 39,5%, en una transición de doce años. Pero no es automático: arranca "el año siguiente en que se expida la ley orgánica de competencias", la que define qué funciones y qué gasto salen de Bogotá. Sin ella, rige la fórmula vieja.

El gobierno Petro la radicó en diciembre de 2024, se archivó, y la volvió a radicar el 29 de julio de 2026. El 6 de agosto, el ministro del Interior, Rodrigo Lara, anunció que la retiraba por "antitécnica". El 7 de septiembre, en Mompox, prometió "la agenda de descentralización más ambiciosa desde la Constitución de 1991". A 22 de septiembre, la nueva ley no ha llegado al Congreso.

Para que el primer escalón caiga en 2027, la ley tiene que expedirse este año. Las sesiones ordinarias cierran el 16 de diciembre: quedan doce semanas, con el presupuesto ocupando la agenda hasta el 20 de octubre.

La señal real

Primero lo que juega en contra. Retirar el proyecto de Petro tuvo respaldo técnico: Hernando Zuleta, decano de Economía de los Andes, lo consideró "antitécnico" porque subía transferencias sin fortalecer la autonomía fiscal. El Banco de la República advirtió en agosto que, sin reasignar competencias, el aumento del SGP "podría traducirse en una presión adicional permanente" sobre el presupuesto y la deuda. Y la condición no es una trampa de este gobierno: la puso el Congreso de 2024, por 75 votos contra 2 en el Senado, para que la plata no saliera sin las funciones. Esperar a escribir bien la ley es defendible. Y el costo es creciente —$3 billones en 2027 y $47 billones en 2035, según cálculos de Hacienda citados por La Silla Vacía—, así que el grueso le cae a los gobiernos siguientes. Este gobierno tendría incentivo para aprobarla, no para frenarla.

Todo eso es cierto, y no toca el mecanismo. La reforma tiene un solo interruptor, y un solo actor puede moverlo sin votar nada: quien redacta y radica la ley. Los votos no son el obstáculo. Una ley orgánica exige mayoría absoluta, y la coalición declara 63 de 103 curules en el Senado (61,2%) y 127 de 183 en la Cámara (69,4%), por encima de los umbrales de 52 y 92. Esa mayoría ya falló una vez en el Senado; hoy lo que falta es el texto. Y la omisión tiene una propiedad que ninguna votación tiene: no deja registro. Nadie vota contra las regiones; el calendario lo hace solo.

Por qué importa

La fórmula sube cada año una doceava parte de la distancia hasta la meta: desde una base de 23,8%, unos 1,3 puntos de los ingresos corrientes por año. Si la ley sale en 2027 y no en 2026, la escalera entera se corre un año. El año que se pierde al principio no se recupera al final.

Mientras tanto, la plata entra por otra puerta. El 20 de septiembre, 4°RADAR mostró que el Gobierno respondió a la caída proyectada de ingresos departamentales con $515.000 millones en 187 proyectos aprobados uno a uno. Lo que no llega por fórmula llega por ventanilla, y la ventanilla sí genera deuda política.

El Gobierno también tiene el acelerador. Con mensaje de urgencia, las comisiones de Senado y Cámara pueden sesionar juntas y comprimir el primer debate. Esa es la señal para los gobernadores, no el discurso de Mompox: si la ley llega con urgencia, el Gobierno la quiere para 2027. Si llega sin ella en noviembre, no.

El cierre

La descentralización más ambiciosa desde 1991 ya tiene norma, votos y meta. Le falta un papel radicado. Mientras no exista, la Nación conserva la plata, la ventanilla y la iniciativa. En esta reforma, el poder no está en el voto. Está en el calendario.

Fuentes: Texto del Acto Legislativo 03 de 2024 (meta de 39,5%, transición de doce años, incremento desde "el año siguiente en que se expida la ley orgánica de competencias", fórmula vigente mientras tanto y aplicación no antes de 2027) — compilación normativa de la Alcaldía de Bogotá y comentario del Gerente del Banco de la República al PGN 2027 (11 ago. 2026). Base de 23,8% — La República (28 oct. 2024); La Silla Vacía la redondea en 24% (22 sep. 2026). Votación 75–2 en Senado y 134–2 en Cámara — La Silla Vacía. Radicación de diciembre de 2024 — El Nuevo Siglo (7 ago. 2026) y La Silla Vacía; archivo y nueva radicación del 29 de julio de 2026 — Semana y El Tiempo. Retiro anunciado por Rodrigo Lara el 6 de agosto y posición de Hernando Zuleta — El Tiempo (6 ago. 2026) y El Nuevo Siglo. Frase de Mompox — El Tiempo (7 sep. 2026) y La Silla Vacía. Que la nueva ley no se ha radicado — La Silla Vacía (22 sep. 2026); no se encontró registro de radicación en otros medios. Costos de $3 billones (2027) y $47 billones (2035) — cálculos de Hacienda citados solo por La Silla Vacía. Plazo del presupuesto al 20 de octubre — El Tiempo (21 sep. 2026). Curules de la coalición (63 de 103 en Senado, 127 de 183 en Cámara) y la derrota en la presidencia del Senado — Cambio (10 sep. 2026). $515.000 millones en 187 proyectos — El Espectador (19 sep. 2026), citado en 4°RADAR del 20 de septiembre. Los porcentajes 61,2% y 69,4%, los umbrales de 52 y 92, las doce semanas, los veintiún meses y los 1,3 puntos anuales son cálculos de 4°RADAR sobre las cifras citadas.