El recorte a la JEP no es de cuánto sino de cuándo: cae en el último año en que puede acusar

Cien mil millones de pesos son el 0,016% del presupuesto de 2027. Como ahorro, no existen. Como decisión, caen sobre el último año completo en que la JEP puede presentar acusaciones. El debate público es sobre cuánto. Lo que se está decidiendo es cuándo.

Lo que pasó

El senador Enrique Gómez Martínez, de Salvación Nacional —hermano del ministro de Hacienda, Miguel Gómez Martínez—, presentó una proposición para trasladar $100.000 millones de la Jurisdicción Especial para la Paz a la justicia ordinaria dentro del Presupuesto General de 2027. El presidente Abelardo de la Espriella la respaldó con un "publíquese y cúmplase" y el domingo la defendió: "Eso no es asfixia ni venganza: es responsabilidad fiscal".

La JEP pidió $947.642 millones para 2027 y el proyecto le asignó $821.803 millones. Con el traslado quedaría en $721.803 millones. En 2026 recibió $744.658 millones.

El 18 de septiembre, el presidente de la JEP, Alejandro Ramelli, escribió a los fiscales adjuntos de la Corte Penal Internacional. Invocó el acuerdo de cooperación del 28 de octubre de 2021, con el que la Fiscalía de la CPI cerró su examen preliminar sobre Colombia. Ese acuerdo compromete al Estado a seguir financiando la justicia transicional y a salvaguardar sus presupuestos, y le reserva a la Fiscalía la facultad de reconsiderar su evaluación ante cualquier cambio significativo de circunstancias. De la Espriella respondió que "cumplir el Acuerdo no significa financiar sin medida una burocracia especial".

La señal real

Primero, lo que juega en contra, que es fuerte. La JEP pidió un aumento de 27,3% frente a 2026, en un año en que el Gobierno intenta llevar el gasto de funcionamiento al 2% del PIB. Lo que le asignaron ya era 10,4% más que este año; con el recorte, la caída nominal es de 3,1%. Por cifras, eso no es asfixia. La barra de la CPI, además, es alta: en 2023 descartó reabrir el caso cuando lo pidió el gobierno Petro, con el argumento de que Colombia no es un Estado fallido. Y la carta de Ramelli también es estrategia: internacionalizar es la defensa de una institución que sabe que en el Congreso pierde.

Pero todo eso mide el recorte en pesos. El Acto Legislativo 01 de 2017 le da a la JEP diez años desde su entrada en funcionamiento para presentar acusaciones, y cinco más para terminar los juicios. El ministro de Justicia, Iván Cancino, y el propio Gómez ubican el cierre de esa ventana en 2028, y el Gobierno ya dijo que no prorrogará el mandato. 2027 es el último año completo para acusar. Según Ramelli, el golpe cae en bienes y servicios, en la protección de víctimas y testigos y en el centro de datos: la infraestructura con la que se arman los expedientes, no la nómina. La plata que falte en 2027 se puede reponer en 2028. La acusación que no se presente a tiempo, no.

Por qué pasa

Suprimir la JEP —la promesa de campaña de De la Espriella— exige reformar la Constitución: ocho debates en dos legislaturas y mayoría absoluta en la segunda vuelta. Recortarla exige una proposición en las comisiones económicas, que votan el articulado del presupuesto esta semana, con mayoría simple. Gómez ya anunció un acto legislativo para impedir la prórroga, y el senador Juan Fernando Caicedo, del Centro Democrático, empuja otro para que el tribunal militar revise automáticamente las sanciones de la JEP a uniformados.

De las cerca de 600 proposiciones radicadas al presupuesto, se espera que prospere alrededor del 1%. Esta tiene algo que las otras no: el aval del Presidente. Si pasa, el Gobierno habrá comprobado dos cosas a bajo costo: que tiene los votos para tocar la JEP, y que la CPI no reacciona ante un recorte de 3,1%. Ambas respuestas abaratan los caminos caros.

El cierre

La pregunta no es si la JEP puede funcionar con $721.803 millones. Es qué deja sin acusar antes de que se cierre la ventana. Lo que 2027 no alcance a imputar no lo rescata ningún presupuesto de 2028. Por eso el debate de esta semana no es fiscal: es el último que se da a tiempo.

Fuentes: Proposición del senador Enrique Gómez Martínez para trasladar $100.000 millones, su parentesco con el ministro Miguel Gómez Martínez y el "publíquese y cúmplase" del Presidente — El Espectador y El Colombiano (19–20 sep. 2026); El Espectador y El Colombiano ubican el destino en el Consejo Superior de la Judicatura, El Tiempo en la Corte Suprema. Frases de De la Espriella — El Colombiano, Cambio, Vanguardia y Pulzo (20 sep. 2026). Presupuesto de la JEP: $947.642 millones solicitados, $821.803 millones asignados y $744.658 millones en 2026 — El Tiempo (18 sep.) y Cambio (20 sep.); El Colombiano confirma solicitado y asignado. Carta de Alejandro Ramelli a los fiscales adjuntos de la CPI del 18 de septiembre y afectaciones por rubro — Infobae y El Espectador (19 sep. 2026); las afectaciones son cifras de la JEP, parte interesada. Compromisos y cláusula de reconsideración del acuerdo de cooperación del 28 de octubre de 2021 — Corte Penal Internacional (comunicado de la Fiscalía) y El Espectador. Negativa de la CPI a reabrir el examen en 2023 — El Tiempo y Semana. Plazo de diez años para acusaciones y cinco para concluir — Acto Legislativo 01 de 2017, artículo transitorio 15. Cierre de la ventana en 2028, posición del ministro Iván Cancino y propuestas de Gómez y Caicedo — El Colombiano y La FM (18 sep. 2026). Monto del PGN 2027 ($634,9 billones), servicio de la deuda ($155 billones), meta de funcionamiento y cerca de 600 proposiciones con aprobación esperada del 1% — El Tiempo (21 sep. 2026) e Infobae. Los porcentajes 0,016%, 27,3%, 10,4% y 3,1%, y la relación de más de 1.500 veces, son cálculos de 4°RADAR sobre las cifras citadas: no provienen de las fuentes.