El recorte que llega sin firmas: por qué las facultades extraordinarias no tocan el presupuesto de 2027

Un gobierno que quiere achicar el Estado tiene dos caminos: pedirle al Congreso que apruebe el recorte, o pedirle que le entregue la lapicera. El proyecto que radicó el Centro Democrático esta semana pide lo segundo. Y lo pide exactamente cuando el primer camino dejó de existir: el techo del presupuesto ya se cerró.

Lo que pasó

La senadora Julia Correa y el representante Juan Caicedo, ambos del Centro Democrático, radicaron el 16 de septiembre un proyecto que reviste al presidente Abelardo de la Espriella de facultades extraordinarias por seis meses. El alcance es amplio: crear, fusionar, escindir, transformar y suprimir entidades en 23 sectores administrativos, reasignar funciones y competencias, y mover recursos humanos y presupuestales. Quedan blindados el Banco de la República, las universidades autónomas y las corporaciones autónomas regionales.

Los autores proyectan un ahorro cercano al 2% del PIB —unos $42 billones— por eliminación de duplicidades. El Gobierno ya tenía la meta puesta: pasar de 18 a 13 ministerios.

El calendario dice más que el articulado. El proyecto entra dos días después de que las comisiones económicas fijaran el PGN 2027 en $634,9 billones, y un día después del plazo del artículo 349. Al día siguiente, el mismo partido propuso inyectar $15 billones adicionales a seguridad.

La señal real

Lo que nadie tituló está en el propio articulado: el proyecto no recorta el presupuesto de 2027, y no lo oculta. Las facultades sirven para reasignar funciones y recursos dentro de las apropiaciones existentes, y el texto prohíbe aumentar gastos de funcionamiento. El total no se mueve. Lo que se mueve es quién decide el reparto adentro. El 2% del PIB, entonces, no es una cifra de 2027: es una proyección sobre presupuestos que todavía no se han escrito. El primero donde podría aparecer es el PGN 2028 —que se prepara y se vota en 2027, y rige desde enero de 2028.

Hay que conceder el hecho que juega en contra, porque es fuerte: el instrumento es completamente ordinario. La Ley 1444 de 2011 le entregó a Juan Manuel Santos las mismas facultades, por los mismos seis meses. Con ellas escindió tres carteras y creó Justicia y del Derecho, Salud y Protección Social, y Vivienda, Ciudad y Territorio: los tres ministerios siguen existiendo hoy. El artículo 150 numeral 10 además deja al Congreso modificar en todo tiempo y por iniciativa propia los decretos leyes que se expidan, y excluye de la delegación los códigos, las leyes estatutarias y las orgánicas. No es un cheque en blanco, y un lector serio lo piensa primero.

Pero el precedente tiene el signo invertido. Santos usó las facultades para crear ministerios, y el conteo subió a 16. De la Espriella las usaría para suprimirlos, de 18 a 13. El mismo artículo de la Constitución, la operación contraria.

Por qué pasa

Con el monto ya fijo, cada peso nuevo es una resta de otro sector, y esa resta necesita firmas. En el Congreso son 286: la delegación exige mayoría absoluta de los miembros, no de los presentes, o sea 52 de 103 en el Senado y 92 de 183 en la Cámara. Conseguir 144 votos para otorgar una facultad es mucho más barato que conseguirlos para suprimir un ministerio con nombre propio, su nómina y sus contratos regionales.

Ahí está el cálculo. Los congresistas que voten no están en el tarjetón de octubre de 2027: su período corre hasta 2030. Lo que sí se juega ese octubre son las alcaldías y gobernaciones donde vive su estructura territorial. La delegación les permite habilitar el ajuste y, seis meses después, hacer campaña contra sus efectos al lado de su candidato local. El decreto llevará una sola firma, y no será la de ellos.

El cierre

El proyecto no resuelve el presupuesto de 2027 porque no puede. Resuelve algo más valioso: quién aparece firmando el recorte cuando llegue. El ahorro es de 2028. El traslado de la responsabilidad es de ahora.

Fuentes: radicación del proyecto, autores, alcance en 23 sectores y exclusiones — La Silla Vacía y El Espectador (16–17 sep. 2026). Plazo de seis meses, meta de 18 a 13 ministerios y ahorro proyectado del 2% del PIB (~$42 billones) — Pulzo y El Tiempo (17 sep. 2026). Requisito de aval del Gobierno durante el trámite — La Silla Vacía. Monto del PGN 2027 ($634,9 billones) y su composición ($392,5 billones de funcionamiento, $155 billones de servicio de la deuda, $86,9 billones de inversión) — Infobae y El Colombiano. Curules vigentes (103 en Senado, 183 en Cámara) — Infobae, La FM, Valora Analitik y Radio Nacional. Texto del artículo 150 numeral 10 — Constitución Política de Colombia. Contenido de la Ley 1444 de 2011 — Ámbito Jurídico. Propuesta de $15 billones para seguridad — El Espectador (17 sep. 2026). El 48% es un cálculo de 4°RADAR sobre las cifras citadas.